El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, rompió el silencio frente a la ola de críticas por la decisión de declarar insubsistentes a varios funcionarios que no presentaron su renuncia protocolaria. “El día que repartieron la cobardía, yo no estaba. Cobarde no soy y hago todo de frente”, aseguró el mandatario, refiriéndose a los rumores sobre su presunta evasión al firmar los cambios en el gabinete.
Sarmiento defendió que su actuación está dentro de la ley, argumentando que la Ley de Garantías comenzó a regir apenas el 8 de noviembre, y no desde el 14 de octubre como sostienen varios sectores políticos. “Esto no es caprichoso. La norma es clara, y tengo la tranquilidad jurídica de haber actuado conforme a ella”, enfatizó.
El alcalde también denunció que dentro de la administración existe un “boicot interno”, donde algunos secretarios no han entregado los informes de empalme, especialmente en temas de contratación. Según él, su objetivo no es desmontar la estructura municipal, sino “fortalecer y continuar el plan de desarrollo que los bumangueses aprobaron”.
Entre las áreas más sensibles que asumirá control, Sarmiento mencionó la contratación pública y anunció la solicitud de acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para ejercer un control previo sobre los procesos. “No presumo mala fe, pero debo garantizar transparencia. Si encuentro irregularidades, no me temblará la mano para denunciar”, advirtió.
El mandatario también adelantó sus primeras medidas en materia de seguridad: reforzar el pie de fuerza con 200 policías adicionales y 150 cadetes de las escuelas de formación, además de gestionar el regreso del helicóptero Halcón para patrullajes aéreos. “No puedo prometer proyectos de largo plazo, pero sí acciones concretas y visibles para cerrar el año con más presencia policial”, añadió.
Sarmiento negó tener compromisos políticos con el gobernador de Santander y recalcó que su designación fue producto de una decisión técnica: “No tengo jefe político, ni color, ni compromiso. Mi lealtad es con la ciudad y con Dios”.
Mientras tanto, desde varios sectores se insiste en que la Ley de Garantías sí aplica desde la convocatoria a las elecciones atípicas, por lo que las decisiones del alcalde podrían ser demandadas. Por ahora, Bucaramanga vive una transición con tensión administrativa y un ambiente político que sigue encendido.